EL CONTRATO VIOLA LA CONSTITUCIÓN NACIONAL. ES ILEGAL.
INVAP y CNEA aceptaron participar de un concurso internacional para la construcción de un reactor nuclear en Lucas Heights, Australia, sabiendo que las condiciones del pliego los obligaba a importar basura nuclear a la Argentina y violar por lo tanto la Constitución de 1994. El artículo 41 "in fine" establece: "Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos".
INVAP lo ignoró y siguió adelante con el contrato. Previendo el rechazo que iba a desencadenar ese contrato le pidió a la Autoridad Regulatoria Nuclear que emitiera un dictamen sobre la importación de combustible nuclear agotado, y solicitó un dictámen al constitucionalista J.R. Vanossi (29) (46). La ARN respondió con la nota ARN 2875/99 firmada por la Lic. Sonia Fernandez Moreno. Pese a la gravedad del tema y sus delicadas implicancias legales la Lic. Sonia Fernández Moreno solo redactó un informe mínimo e incompleto que no menciona el Artículo 41 "in fine" de la Constitución ni tampoco la Ley 25018. Su versión en inglés tiene apenas dos páginas (1). En cuanto al especialista consultado por INVAP, el Dr. J. R. Vanossi, este produjo una caprichosa y cuestionable interpretación del Artículo 41 en diciembre de 1999 (29) (46). Operaciones como la llevada adelante por INVAP también requiere autorización de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico, pero ignoramos cuál ha sido su posición.
El 7 de Junio se anunció que INVAP había ganado la licitación (20), y ese mismo día el presidente Fernando de la Rúa festejó públicamente el acuerdo. El contrato fue redactado en un marco de secreto y silencio, y se firmó en Australia el 13 de julio de 2000. Argentina quedó condenada desde ese momento a recibir la basura nuclear de Australia y muy posiblemente la de otros países.
Veamos ahora lo que sucedió con posterioridad a la firma del contrato. Un mes después FUNAM difundió públicamente en Australia que INVAP había realizado pruebas ilegales de partes del reactor CAREM en Río Negro (20) (21). Tales ensayos habían sido descubiertos y luego denunciados por Greenpeace en 1997 (20). La noticia de FUNAM conmocionó a los medios australianos. Posteriormente, en el mes de octubre de 2000, FUNAM hizo público en Australia que el contrato violaba la Constitución (7) y lo denunció formalmente ante el Comité Investigador del Senado de Australia mediante dos informes (8). Ese mismo mes el Biólogo Raúl Montenegro compareció ante el Senado ratificando lo denunciado.
Pero tanto el Embajador de Argentina en Australia, Néstor Stancanelli, como el Gerente General de INVAP, Héctor Otheguy, comparecieron ante la Comisión Investigadora para defender el contrato. Pese a las duras cartas documento con que INVAP trató de silenciar a FUNAM la denuncia quedó firme y hoy está contenida en el capítulo 9 del libro recientemente publicado por el Senado de Australia (12). INVAP había presionado a FUNAM para que aceptase una Mediación Privada en Buenos Aires. Pero la Fundación la rechazó y propuso en su lugar una Mediación Pública y abierta. Ante esta nueva posibilidad INVAP hizo marcha atrás (35). La denuncia pública de estas presiones motivó notas de solidaridad desde el Senado de Australia y ONGs de ese país (35).
Pero en Argentina se seguía ignorando lo que había hecho INVAP con nuestra Constitución Nacional. El 10 de octubre del año pasado la ilegalidad del contrato fue difundida públicamente en Argentina desde FUNAM y desde Greenpeace (3). Pero INVAP, CNEA, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el propio presidente Fernando de la Rúa prefirieron ignorar la evidencia. Para tranquilizar a sus pares australianos, que estaban preocupados por la denunciada ilegalidad del contrato (y lo sucedido en Cherburgo), Australia y Argentina comenzaron a bosquejar un convenio de cooperación nuclear que tuvo sus antecedentes más inmediatos en la visita que efectuara el Ministro Nick Minchin a la Argentina. A diferencia de otras visitas protocolares su estadía fue sugestivamente poco difundida.
Pero la presión de los australianos también produjo otro compromiso del gobierno que se mantuvo en secreto. El Ministerio de Economía le envió a la Directora Ejecutiva de ANSTO, Helen Garnett, una carta cuyo contenido es inconcebible en tiempos de crisis económica. En esa carta, firmada por Miguel Ricardo Bein, el gobierno nacional "respalda" a INVAP y se compromete a facilitarle a INVAP "financiamiento relacionado con la ejecución de los trabajos para ANSTO" (Nota del Ministerio de Economía n° 275 del 1 de agosto de 2000) (23). Somos uno de los pocos países que vende barata su salud e incluso paga por ello (14).
Autor: Raúl Montenegro