¿ARGENTINA al límite de la capacidad energética?
En una carrera contra el tiempo, el gobierno de Argentina impulsa inversiones en el sector energético a fin de responder a la creciente demanda y evitar un colapso que ponga freno a la actividad económica.
La generación eléctrica se encuentra casi al límite de su capacidad instalada
y es sabido que las reservas de gas y petróleo se agotaran en un futuro no muy
lejano, esto compromete el ritmo de crecimiento del producto interno bruto, que
registra un promedio de 8% anual desde 2003.
Los cortes de luz y de la racionalización del consumo de
grandes usuarios , ocurrió en en año 2004 obligando al gobierno de Néstor
Kirchner a suspender exportaciones del fluido a Chile.
El gas aporta 53 por ciento de la generación eléctrica a través centrales térmicas. Otro 43 por ciento lo proveen usinas hidroeléctricas y cuatro por ciento las nucleares.
El Ministerio de Planificación Federal anunció inversiones por cerca de 6.500
millones de dólares para centrales térmicas, hidroeléctricas y atómicas,
pero se teme que los resultados de esos desembolsos no lleguen a tiempo.
De acuerdo con su titular, Julio De Vido, en las últimas
semanas la demanda de electricidad llegó cinco veces a 17.300 megavatios, una
cantidad cercana a la capacidad instalada de 23.000 megavatios, de los cuales
18.000 son considerados "confiables" por los técnicos, dijo.
A raíz de ese nivel de consumo, el gobierno anunció que a
partir de noviembre los grandes usuarios --unas 5.000 empresas que constituyen
40 por ciento de la demanda-- deberán autoabastecerse de la energía que
necesiten, cuando ésta supere su consumo de 2005.
La oferta eléctrica se destinará así en forma prioritaria a garantizar el
suministro de consumidores residenciales, empresas pequeñas y medianas,
entidades estatales y alumbrado público, y luego a los grandes usuarios.
Esta decisión, que despertó malestar en algunas empresas,
obligará a las industrias a adquirir o poner en marcha generadores propios, o a
contratar los servicios de nuevos generadores que aporten lo correspondiente a
ese consumo diferencial.
Con estas medidas y el lanzamiento próximo de un plan de
educación para el consumo racional de energía, el gobierno de Néstor Kirchner
procura ganar tiempo hasta que rindan los primeros frutos las inversiones en
marcha. El Ministerio sabe que para responder a la realidad productiva se debe
incorporar al sistema 1.000 megavatios de capacidad instalada por año.
La escasez de gas en relación a la demanda está elevando el
consumo de gasóleo (diésel) y fuel-oil para alimentar las centrales térmicas.
Esos combustibles se sustraen al mercado de la producción rural, que los
utiliza para la maquinaria agrícola.
De Vido ya anunció que se trabaja para subir la cota de la represa
argentino-paraguaya de Yacyretá, en el norte del país, y se comenzó a
invertir en la finalización de Atucha II, una central nuclear cuya construcción
está en marcha hace muchos años.
También hay inversiones en Corpus, otra represa
argentino-paraguaya, y en Garabí, una central hidroeléctrica binacional con
Brasil. Pero en todos los casos se trata de proyectos que podrían comenzar a
rendir frutos en los próximos seis a 10 años.
De más corto plazo será la cosecha de los desembolsos
para la construcción de dos centrales térmicas de ciclo combinado, una en la
localidad de Campana, en la central provincia de Buenos Aires, y otra en
Rosario, provincia de Santa Fe, noreste del país.
Esas centrales deberían empezar a funcionar en 2008, pero
hubo demoras en los trámites de la licitación. Y el tiempo corre.
La Secretaría
de Energía informó este mes que las reservas de gas --que permitían
asegurar un horizonte de consumo de 35 años antes de la privatización del
sector en la década de 1990-- bajaron de
Las reservas de petróleo, aseguradas para los siguientes
13 años al momento de la privatización de la empresa Yacimientos Petrolíferos
Fiscales, bajaron de
Ese cambio decidió al gobierno a apurar un proyecto de ley
de fomento a las inversiones en exploración de hidrocarburos, una iniciativa
criticada por la oposición porque exime a las empresas de pagar impuestos.
El diputado opositor Claudio Lozano, de Fuerza Porteña,
consideró mejor derogar los decretos que permitieron en los 90 la libre
disponibilidad de gas y petróleo para la exportación, y propuso crear una
base de datos sobre las reservas.
Lozano, economista de
El economista Alberto Muller, opino" hay que mejorar el control de las reservas,
invertir en exploración y aumentar la capacidad instalada del sistema
eléctrico".
En ese sentido, el gobierno está bien orientado, opinó. "Si se llega a
tiempo con las centrales térmicas en marcha tendríamos un horizonte
razonable para los próximos cuatro años", dijo.
Más difícil es, a su juicio, acelerar las inversiones en
Atucha, Yacyetá y otras usinas. En esos casos, habrá que esperar entre seis
y 10 años para tener resultados, dijo.
Por otro lado, coincidió con Lozano en la necesidad de
contener las exportaciones de hidrocarburos. "Los chilenos se van a
enojar, pero en la medida en que sigan bajando las reservas, no se puede
pensar en seguir exportando", afirmó.