Estaciones de servicio Pinchadas
Un día cualquiera, las instalaciones de la estación Independencia del subterráneo se llenaron de nafta. El combustible inundó varios pasillos y una sala de bombas. El origen: tanques pinchados en la estación de servicio de la empresa Shell, ubicada en Independencia y 9 de Julio.
Se tomaron algunas
medidas de urgencia para evitar la explosión: ventear los gases a la vía pública
y desviar el combustible líquido a los cloacales, ambas conductas
absolutamente ilegales.
Pasó el tiempo y como el problema no se solucionaba, la empresa Subterráneos de Buenos Aires hizo un juicio a Shell por daños y perjuicios y lo ganó. Shell apeló y volvió a perder, con lo cual quedó la sentencia firme que culpa a Shell por la contaminación y la obliga a remediar la situación mediante el método del cambio de tierra.
Los detalles revelan una increíble negligencia por parte de todos los responsables involucrados:
La estación de servicio está perdiendo nafta hacia el subte desde hace 22 años (¡sí, veintidós años!) sin que a la Municipalidad primero y al Gobierno de la Ciudad después se les ocurriera clausurarla.
Se produjo una explosión y varios peritajes que hablaron de un peligro de desastre inminente. Sin embargo, tampoco los jueces que intervinieron en el caso clausuraron la estación de servicio
Por su parte, Shell argumentó que el combustible que impregnaba el suelo debajo de su estación de servicio no provenía de la estación de servicio sino de alguna otra misteriosa fuente y que ellos no tenían nada que ver con la contaminación.
La sentencia firme es del 1 de octubre de 1999. Es decir, que desde hace dos años que tendrían que haber empezado a trabajar y el comienzo de las obras (y aún su definición técnica) se dilata por inexplicables razones burocráticas. ¿Registraron jueces y funcionarios que se trata de una situación de peligro?
Una gigantesca obra de remediación
Nuestra preocupación es tratar de evitar que la negligencia de estos últimos 22 años se traslade a las obras de remediación ordenadas por el juzgado y todavía no iniciadas. Se trata de obras de una envergadura inédita en el país y sin antecedentes internacionales en una ciudad densamente poblada.
Para cambiar la tierra como ordenaron los jueces, es necesario remover un volumen de tierra de algo así como un hectárea de superficie con una profundidad de 15 a 20 metros. Es aproximadamente el contenido de unos 100 mil camiones cargados con tierra contaminada, que deben retirarse y llevarse para ser tratados como un residuo peligroso. No hay instalaciones para hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires no los admite, de modo que se los deberá enviar a Santa Fe. Hay que diseñar la salida y transporte de esa inmensa cantidad de residuos peligrosos y la recolección y colocación de tierra limpia. Es obvio que no se puede solucionar un problema ambiental generando otro, de manera que habrá que estudiar de qué modo se traen esas cantidades de tierra limpia, sin generar inmensas cavas en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires.
La obra deberá
hacerse con grandes precauciones, ya que al levantar el pavimento se corre el
riesgo de que el suelo impregnado en combustible evapore parte del
hidrocarburo y se formen mezclas explosivas con el aire. Para evitar ese
desastre, tendrán que trabajar con extremas precauciones, cerrar en todo o en
parte la Avenida 9 de Julio durante el tiempo que dure la obra (tal vez varios
años). También habrá que evaluar la necesidad de cerrar ambas líneas de
subterráneos (la C y la E) para evitar que una chispa eléctrica haga volar
todo.
Esto significa hacer un diagrama de emergencia para todo el sistema de transportes de la zona Sur de la Ciudad, dada la importancia de la 9 de Julio como arteria central de comunicación.
Para complicar aún más las cosas, será necesario prever que mientras dure la obra se desvíen los servicios que pasan por allí. Hay que cambiar de lugar los caños de agua, cloacas y gas y los cables de electricidad, teléfonos y televisión por cable.
Y será necesario un tratamiento especialmente cuidadoso con la Casa de Ejercicios Espirituales, un edificio del siglo XVIIII que está junto a la estación de servicio y que es Monumento Histórico Nacional. Por debajo de la Casa de Ejercicios, el suelo es una gran esponja llena de hidrocarburos.
Ésta es la obra de remediación que hay que hacer, lo no significa necesariamente que sea la que finalmente se haga. Está claro que cuanto menor sea la obra a realizar, menos dinero gastará Shell en ella. Al mismo tiempo, como la obra debe ser aprobada previamente por el juzgado y por el Gobierno de la Ciudad, sucede que si la remediación es inadecuada o insuficiente, la responsabilidad va a recaer sobre quienes aprobaron la obra.
Lamentablemente existen muchos intereses en juego para minimizar esta situación y presentarla ante la opinión pública con una gravedad menor de la que tiene. ¿Está dispuesto el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a admitir que no se hizo nada en los 22 años que el combustible chorreó hacia el subterráneo? ¿Aceptaría Shell que se haga pública una conducta negligente suya de esta magnitud? ¿Les gustaría a los jueces que la opinión pública sepa que, ante una situación de peligro inminente, tardaron diez años en resolver el caso y, a dos años de producida la sentencia, todavía no hay resultados concretos?
¿Y esto es un bajo impacto ambiental?
Se me ocurre que la forma administrativa de minimizar este riesgo ambiental es procurar que las obras de remediación sean caracterizadas como de bajo impacto ambiental.
Sucede que una obra de esa envergadura debe pasar obligatoriamente por una evaluación de impacto ambiental, en términos de la Ley 123 de la Ciudad y su modificatoria, la Ley 452. El primer paso es categorizar la obra como de alto o de bajo impacto ambiental. Esto tiene diferentes consecuencias, según la forma en que se la categorice:
Si la obra se declara como de alto impacto ambiental, es necesario convocar a una Audiencia Pública, en la que los expertos y los vecinos puedan analizar las propuestas de remediación. Allí opinarán sobre la conducta de la empresa responsable, del Gobierno de la Ciudad y de los jueces, y su manera de hacerse cargo del problema o eludirlo en los últimos 22 años.
Si en cambio, la obra se declara como de bajo impacto ambiental, nos encontramos ante un simple trámite administrativo, con un expediente que se completa sin necesidad de audiencia pública ni quejas de los ciudadanos. Por esta razón, el control ciudadano es mucho menor que en el caso de las obras declaradas como de alto impacto ambiental.
Podemos inferir como probable la existencia de fuertes presiones sobre los funcionarios encargados de realizar dicha caracterización. Espero que, al menos ellos, estén a la altura de la situación y caractericen la obra como lo que es. Es decir, de alto impacto ambiental.
Autor: Antonio Elio Brailovsky